América y Filipinas adquirieron en el siglo XVIII el máximo protagonismo en el entramado político, económico y militar de la Corona española. La crisis de la Guerra de Sucesión, con la pérdida de la armada atlántica en Rande, hizo imperativas reformas profundas en los años que siguieron a la contienda, no solo para restablecer las vitales comunicaciones entre Cádiz y los puertos americanos, sino también para la defensa de las aguas del Caribe y el mar del Sur –el océano Pacífico– frente a piratas y contrabandistas ávidos de las riquezas de una España que se percibía exánime tras el Tratado de Utrecht. A lo largo de la centuria, las reformas borbónicas devolvieron la seguridad a las rutas y costas americanas merced a un programa de reformas y rearme que integró antiguas y nuevas estructuras –orgánicas, administrativas, logísticas– en un sistema que el enemigo británico solo pudo quebrar en una ocasión –con la toma de La Habana y Manila en 1762–, y ni mucho menos de forma definitiva. En el renovado poder de la Armada española en Ultramar fue decisivo el Arsenal de La Habana, el más activo de la monarquía, que centralizó la construcción de modernos navíos de línea y fragatas con maderas que aventajaban en calidad a las europeas, así como la financiación de las fuerzas navales españolas en América. Fue clave también, quizá más incluso que en la península Ibérica, la colaboración de la Corona con particulares, fuesen estos pequeños armadores reconvertidos en corsarios y guardacostas, o grandes compañías comerciales como la Guipuzcoana de Caracas y la de Filipinas. Lo fueron también las expediciones científicas que contribuyeron a aumentar el conocimiento del Estado y sus ministros acerca de la geográfica, la zoografía, la antropología y la economía de los vastos reinos de Indias. Así se explica que España entrase en la última década del siglo XVIII en una posición de indiscutible fortaleza en América.
