Entre las muchas dinámicas provocadas por el intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que daría paso a la Guerra Civil española, fue primordial la desconfianza del Gobierno hacia las fuerzas armadas, de las que habían salido los principales agentes de la rebelión. El miedo a que estas se negaran a defender la legalidad vigente no solo motivó su disolución sino que también propició la entrega de armas a la población con la idea de que esta iba a estar más motivada y legitimada que el Ejército para defender al Gobierno. Así, en un ambiente previo en el que, como en toda Europa, la paramilitarización se había convertido en uno de los modus operandi de las diversas ideologías, no tardaron en aparecer toda una serie de organizaciones milicianas como el Quinto Regimiento comunista, las columnas anarquistas, las de los sindicatos las de las Juventudes Socialistas Unificadas o el Euzko Gudarostea auspiciado por el nacionalismo vasco, por citar algunas de las más destacadas. Sin embargo, aunque voluntariosas y no carentes de virtudes, durante los primeros compases de la Guerra Civil las milicias republicanas pecaron de una serie de defectos que, poco a poco, iban a obligar a su reemplazo por una estructura militar jerarquizada y organizada: el amateurismo de muchos de sus jefes, aunque hubo excepciones notables, la tendencia a primar el cumplimiento de sus agendas políticas frente a las operaciones militares, la falta de entrenamiento de combate o las rencillas entre las diferentes organizaciones que las promovieron.
